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1 jun. 2019

Poder Judicial y Ministerio Público al servicio de políticos de Concepción

El 3 de mayo último, el Laboratorio Forense entregó la pericia que involucra a Édgar Chilavert. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público dilatan la libertad del comunicador para que no vuelva a Concepción. Eugenio Jiménez Rolón es responsable de dicha circunscripción judicial.


El ministro Eugenio Jiménez Rolón, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, es responsable de la circunscripción judicial de Concepción.

Tiene como responsabilidad velar por el buen desempeño de los casos judiciales que se ventilan en dicha circunscripción.

En la semana anterior, el ministro de la Corte Suprema de Justicia recibió una nota remitida por el Abog. Carlos Daniel Alarcón.

El documento denuncia las graves irregularidades en el proceso judicial sobre supuesto abuso del menor que afecta al periodista Édgar Américo Chilavert quien ejerce la profesión de comunicador en la ciudad de Concepción.

Un párrafo de la nota expresa: “El informe es formulado con todos los antecedentes para que sean objeto de control de gestión por la superintendencia a su cargo a fin de constatar la conducta ilegal de los magistrados Hilda Vallejos Benítez y Luis Ruiz Aguilar para que reciban las sanciones que correspondan”.

La jueza Hilda Vallejos fue recusada en dos oportunidades por los abogados de Édgar Chilavert.

A esto se suma una denuncia en su contra en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por los supuestos delitos de manipulación de graficaciones técnicas, alteración de datos relevantes para la prueba y asociación ilícita.

Una denuncia similar fue presentada ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

A pesar de las graves denuncias y dos recusaciones, la jueza Hilda Vallejos Benítez busca seguir dentro del proceso.

“Acuerdo” para no soltar el expediente

Al plantearse recusaciones la práctica establece que los jueces entregan el expediente al juzgado que le sigue en orden.

En caso de manifestar oposición a la recusación, remiten un informe a la cámara de apelaciones para que se expida.

El camarista Alberto Ruiz Aguilar sería el principal soporte de la jueza Hilda Vallejos Benítez para que siga el manejo arbitrario del expediente.

El camarista Alberto Ruiz Aguilar también fue denunciado ante la Superintendencia de Corte Suprema, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y fue recusado.

El lunes último, ante una segunda recusación, la jueza Hilda Benítez remitió a la cámara de apelaciones el expediente completo; mientras no se resuelva la recusación, el expediente queda paralizado.

El objetivo es mantener en prisión al periodista Édgar Américo Chilavert para evitar que vuelva a ejercer su profesión en la ciudad de Concepción.

Chilavert es comunicador en Radio Aquidabán FM. Realizó diversas investigaciones sobre corrupción que afectan al intendente Alejandro “Tati” Urbieta.

La venta del puerto de Concepción

El clan Urbieta maneja los hilos de la política en Concepción: Luis Adolfo ocupa la función de diputado por la ANR, y su hermano “Tati” Urbieta está a cargo de la intendencia por el PLRA.

El diputado Emilio Pavón Doldán (PLRA) es cuñado de Luis Urbieta.

El gobernador Édgar López Ruiz es un estrecho amigo del intendente “Tati” Urbieta.

El clan Urbieta controla todos los hilos del poder político en Concepción, para colmo, un hermano es colorado y el otro liberal; no existe oposición real.

El “pecado” del periodista Edgar Américo Chilavert fue denunciar la venta del puerto de Concepción.

El intendente Urbieta vendió a una empresa privada un inmueble donado por el Ministerio de Defensa.

Mantener en prisión a Édgar Chilavert

El 3 de mayo último, el Laboratorio Forense del Ministerio Público entregó tanto a la jueza Hilda Vallejos como a la fiscalía una copia de la pericia técnica realizada a los celulares de Édgar Chilavert y la supuesta víctima, un adolescente de 13 años.

La pericia del Ministerio Público no encontró un solo elemento que pueda incriminar al periodista de Concepción. No existe una sola foto, un solo texto para sostener la acusación de abuso sexual.

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, sería responsable del posible delito de persecución de inocentes. Pocas veces se vio en forma tan abierta la intención de mantener a una persona en prisión.

Publicado por ABC Color
roque@abc.com.py

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