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10 ene. 2017

Yby Yaú: Piden investigar presunto hecho punible

La Contraloría General de la República (CGR) remitió al Ministerio Público dos reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio de la Municipalidad de Yby Yaú, departamento de Concepción, por obras en locales escolares con recursos del Fonacide. Uno con perjuicio de G. 17.459.688 y otro de G. 59.305.156.

El informe del órgano contralor expresa que el 12 de marzo de 2015, la Municipalidad de Yby Yaú contrató para prestación de servicio de elaboración de proyectos arquitectónicos al arquitecto Francisco Solano López, para la ejecución de los citados trabajos, por la suma de G. 64.500.000.

El informe de CGR dice que llamativamente en la misma fecha, 12 de marzo de 2015, la Comuna procedió a realizar el acta de recepción definitiva de los proyectos arquitectónicos presuntamente realizados por el arquitecto Francisco Solano López Arrúa, certificando que los trabajos se realizaron en la misma fecha en la cual se suscribió el contrato para la ejecución de los trabajos de “Servicio de elaboración de proyectos arquitectónicos”.

Auditores de la CGR realizaron una inspección ocular y física de ítems de las obras y análisis de documentos proveídos por la propia Comuna. Encontraron que la deficiente administración de los recursos de Fonacide por parte de la Comuna permitió el incumplimiento de los trabajos y una serie de negligencias, lo que produjo un presunto daño patrimonial a la Comuna de Yby Yaú de G. 59.305.156.

Construcción de aula

El segundo reporte de indicio de hecho punible hallado por auditores de la CGR, refiere a la construcción de un aula en la Escuela Básica Tomás Romero Pereira, por G. 90.000.000.

El informe señala que el 1 de diciembre de 2015, la Municipalidad de Yby Yaú, representada por el exintendente Elvio López Torales (ANR) y la secretaria general, Irma Maricel Salinas, contrató a Carlos Ayala Estigarribia para la ejecución de los trabajos de construcción del aula mencionado.

Del 5 al 9 de julio del año pasado, técnicos del órgano superior de control realizaron una verificación in situ y el análisis de los documentos proveídos en la rendición de cuentas. Observaron deficiente fiscalización de las obras, lo que permitió el incumplimiento de los trabajos, quedando la obra en presunto estado de paralización y sin conclusión.

El presunto daño patrimonial estimado por los auditores de la CGR, fue de G. 17.459.688.

En ambos reportes de indicios de hechos punibles, la Contraloría General pide al Ministerio Público la investigación y análisis de los documentos resultados de la auditoría para determinar la comisión de hechos punibles contra el patrimonio.

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